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Cercos, una estéril barrera contra la delincuencia

Cercos, una estéril barrera contra la delincuencia

El miedo con el que viven los guayaquileños los ha conducido, cada vez más, a cerrar las calles de sus ciudadelas para evitar -o al menos intentar- que los delincuentes allanen sus viviendas o roben, como lo denuncian, sus autos o los accesorios de estos.

La Alborada, Sauces, Guayacanes, Samanes, La Garzota, además del Paraíso, Los Ceibos, La Saiba, La Pradera, Las Acacias, Las Tejas… son apenas algunas de las ciudadelas del norte y el sur que, con la venia o no del Municipio (no hay ordenanza que lo apruebe), siguen este modelo.

De hecho Mucho Lote 1, a decir de los expertos, es el vecindario donde más se evidencia este encierro y con ello, los efectos de la inseguridad, puesto que todas sus peatonales y calles secundarias o terciarias tienen mallas y puertas metálicas que solo permiten el ingreso a quien lleva consigo una llave.

“Si no la tenemos, pues nos quedamos afuera. Es que es parte de la seguridad, de la tranquilidad que no llega”, sentencia Édison Ascencio, quien vive en el sector hace cuatro años y lamenta que pese a las precauciones aún persistan los robos. “Reconozco que los delincuentes a veces escalan hasta los portones por meterse a las casas, pero no es siempre. Estamos vulnerables, sí, pero no tanto como otras ciudadelas. Y eso nos reconforta”, piensa.

En el resto de vecindarios, aunque hay residentes que consideran ineficaz la presencia de estas barreras, puesto que -aseguran- no hay nada que pueda frenar los robos (además que el costo de ellas es alto, entre $ 500 y $ 700), la sensación de serenidad es la misma.

Franklin Villamar, experto en planificación urbana, recuerda que esta medida, a más de resultar costosa y poco efectiva, no está permitida por la Ley Orgánica de Movilidad.

“No es necesario que el Municipio cree una ordenanza que prohíba la colocación de rejas en calles peatonales porque la normativa ya existe. La ley indica que las personas no pueden ser privadas de circular en espacios públicos”, afirma.

No obstante, reconoce que, mientras el problema de la inseguridad persista, será comprensible que las personas tomen medidas extremas. “Las normas se chocan contra la realidad. Es comprensible entonces que la gente pretenda colocarlas, por el hecho de que ellos no se sienten respaldados por la seguridad de la ciudad”, enfatiza.

EXPRESO solicitó información al Departamento de Urbanismo, Ordenamiento Territorial sobre la legalidad de la colocación de estas barreras y los benefecios que a los residentes les ha generado. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo ninguna respuesta.

Asimismo Carlos Jiménez, urbanista, alerta que las rejas, cadenas o plumas con casetas (los cierres toman diversas formas), tienen un impacto en la seguridad a corto plazo, y que el vecindario, como tal, no logra desarrollarse en ninguno de sus aspectos, puesto que se ven limitadas las interacciones entre los residentes de las calles vecinas.

“Con las puertas cerradas, además de no lograr la protección deseada, los negocios no prosperan, ni hay gente -vecinos o visitantes- transitando, con los ojos puestos en las calles, que es lo que en otros países es la mejor línea de defensa”. Por lo tanto, añade, lo que conviene para estos sectores es distribuir adecuadamente la ciudad, partiendo del barrio e integrándola a las parroquias urbanas.

“Hacerlo permitiría incluso que las Unidades de Policía Comunitarias (UPC) estén ubicadas correctamente y, con ello, que la respuesta de los agentes sea la oportuna, que es lo que se necesita…”.

Raymon Quelal, jefe de Policía del distrito Modelo, explica que las rejas tienen una finalidad en la seguridad que resulta ambivalente. “Si bien reducen los robos a domicilios, también vuelven presa fácil a los peatones que tienen que detenerse para abrir la puerta”. Además -coincide con Jiménez- entorpece el trabajo policial. “Que la gente las coloque en las calles, no nos permite hacer un patrullaje adecuado de la zona”, explica.

A esto el arquitecto Héctor Hugo, docente de la Universidad Estatal de Guayaquil y director del proyecto Delta, un plan urbanístico que nació en la Facultad de Arquitectura y busca cambiar el escenario de esa área y volverlo más amigable, añade que las cercas causan, también, la interrupción de los espacios y la continuidad de la trama vial que debe ser usada por servicio de emergencias, como la ambulancia. Y también impiden el libre tránsito en porciones más o menos extensas, lo que obliga a los peatones a caminar distancias más largas.

Aunque algunas cifras que advierten sobre la inseguridad han mostrado una baja, también hay otras que han aumentado. Tannya Varela, comandante general de la Policía Nacional, explica que los 2.294 robos a domicilios que se dieron en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) en el año 2017 descendieron a 1.964 en 2018. Asimismo, los robos de accesorios, bienes y autopartes pasaron de 3.264 en 2017 a 2.491 en 2018.

No así, el robo a carros que presentó una subida. La cifra de 2017 fue de 1.541 denuncias y en 2018 pasó a 1.606. Y solo en el subcircuito 3 de la Alborada, que abarca todas las etapas de este vecindario, la mayoría cercadas, a decir de DennisNovillo, jefe del subcircuito, en lo que va del año en comparación al anterior se han duplicado. “El año pasado se robaron 4 autos, hoy ya son 8”.

Este año, no solo los autos han elevado su tasa de desaparición a manos del hampa, sino que otras ciudadelas del norte como Sauces y Guayacanes han aumentado la cantidad de robos a personas.

“Hasta el momento, llevamos 17 robos a personas en Sauces, seis más que el año pasado. Mientras que en Guayacanes han sido 19, ocho más que el 2018”, cuenta Quelal.

Hugo Acero, sociólogo experto en seguridad, coincide en que la colocación de rejas en las peatonales -como se observa en las gráficas- o muros con alambrado eléctrico no reparan el problema. “Encerrar a la ciudadanía, definitivamente, no es la solución. Es más, yo diría que las rejas favorecen a que la delincuencia migre a otras zonas que no han visto la necesidad de encerrarse para cometer allá sus delitos”.

Acero considera que lo que hacen estas medidas es aumentar la sensación de seguridad en quienes las colocan.

El experto, al igual que el resto de especialistas, propone tres acciones específicas para frenar la delincuencia. Articular el trabajo entre las autoridades nacionales y locales; trabajar con la comunidad, ya sea organizando a las comunidades y detectando en qué sectores la gente tiene más problemas; y sobre todo, haciendo un diagnóstico verdadero de la problemática.

Y es que si no hay esto, si no hay un interés real de lo que está pasando, hace énfasis Jiménez, será difícil encontrar una solución real. “Ahora no se trata de colocar o no las rejas porque sirvan o no, sino de saber qué necesita Guayaquil y qué tipo de cambios, incluso urbanos requiere, para que sea más segura”.

Ignacio Cedeño, experto en seguridad, opina que el Cabildo debería involucrarse en esta situación. “Es importante que el Municipio tenga un control sobre ellas y emita permisos, según sea viable. Asimismo, que determine un tipo de rejas con una configuración, que sea accesible a vehículos de emergencia. Obligatoriamente, cada puerta debería tener un guardia”, articula.

Y mientras tanto, concuerdan los expertos y miembros de la Policía, los barrios deben trabajar unidos, no solo para convertirse en una especie de guardias civiles que, por horarios, por ejemplo, custodien los vecindarios; sino para fortalecer vínculos de sociabilidad que los empujen a cuidarse entre sí y más aún a identificar rutinas que los alerten cuando estén en peligro.

Fuente: Diario Expreso

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